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Sindical

POSICIÓN DE CGT CONTRA EL DECRETAZO, EL TIJERETAZO Y EL PENSIONAZO

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29-S Huelga GeneralLas medidas antisociales del Gobierno para salir de la crisis son la reforma laboral, el plan de
ajuste para reducir el déficit público y la reforma del sistema de pensiones

PARA CGT LA SALIDA DE LA CRISIS SÓLO PUEDE SER EL REPARTO DE LA RIQUEZA Y DEL TRABAJO EN UN NUEVO MODELO SOCIAL Y PRODUCTIVO

Hace ya varios años que como clase trabajadora estamos sufriendo las consecuencias de la crisis. Los diferentes gobiernos, independientemente del color político, están poniendo en marcha una serie de medidas que suponen un retroceso y un recorte de los derechos laborales y sociales.

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CGT RECHAZA LA RPT DE DIPUTACIÓN

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POR INCUMPLIR EL PRINCIPIO DE IGUALDAD tanto a nivel salarial como de titulación exigida para ocupar determinados puestos:
  • Cuerpo de auxiliares de enfermería con respecto al cuerpo de auxiliares administrativos totalmente injustificado.
  • La plaza de coordinador CEAS se establece como titulación A2 cuando en anteriores RPT se estableció como criterio de titulación A1/A2.
  • Trato diferencial entre los Técnicos de Grado Medio, tanto en la determinación de Nivel, como la diferencia salarial sin que se encuentre justificación atendidas las funciones a desarrollar que por otra parte no quedan debidamente determinadas.
Ante este tipo de situaciones CGT PROPONE la desaparición de todas estas desigualdades y llevarse a cabo una equiparación tanto salarial, como de titulación y de condiciones del puesto pues resulta obvio que el principio de igualdad constitucionalmente reconocido no se está cumpliendo.
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LA JUNTA APRUEBA EL DESPIDO DE 12 TRABAJADORES MÁS EN HISPANAGAR

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Con este nuevo ERE, la planta de HISPAGAR en el centro de trabajo sito en el polígono industrial de Villalonquejar (Burgos), se queda con una plantilla de 24 trabajadores, frente a los 100 trabajadores que había en 2001.

Apenas ha pasado un año desde los últimos e HISPANAGAR continua destruyendo empleo: desde finales del 2001 más de 70 trabajadores: subcontrataciones, EREs, despidos objetivos, bajas pactadas...
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CGT denuncia el incumplimiento de Diputación Provincial de Burgos respecto a su responsabilidad de convocatoria de Ayudas Individuales y de Urgente Necesidad en el año 2009.

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Los Servicios Sociales en España han vivido todo un proceso de evolución desde los años 50 y 60 en los que era el sector privado el prestador de servicios sanitarios, educativos y sociales, junto con la Iglesia católica esta última con intentos de superar la beneficencia pública y desarrollar Servicios Sociales con la creación por Cáritas Nacional de su Sección Social. En 1963 la protección pública crea el sistema de la Seguridad Social  con prestaciones  básicas y complementarias, incluyendo en las últimas los Servicios Sociales y la asistencia social de la Seguridad Social.

En los años 70 se evidencia la intervención estatal en busca de un mayor bienestar social, desembocando en la aprobación de la Constitución democrática en 1978 y la reordenación del Estado de Bienestar. El nuevo marco constitucional hace mención expresa de los servicios sociales en el art. 20 y los relaciona con las personas de la tercera edad. Desde la Constitución se han sucedido leyes de servicios sociales en las Comunidades Autónomas hasta la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local de 1985 que establece competencias en esta materia para Entidades Locales. El objetivo de las sucesivas legislaciones ha sido establecer una red de servicios sociales municipales que garantizara prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad. Finalmente, los acuerdos entre las tres administraciones (Central, Autonómica y Local) suponen un logro, estableciendo cuatro compromisos que aceptaron las administraciones firmantes: compromisos de cofinanciación, de gestión, de información y de asistencia técnica.

Después de este camino, nos encontramos en 2009 con la no convocatoria de unas ayudas económicas básicas para muchas personas y familias de la provincia de Burgos, lo cual puede suponer una vuelta a la dependencia de estas personas y familias a la beneficencia y caridad soportada sobre todo por entidades religiosas y una falta de respuesta a la población en situación de necesidad por parte de la administración que ha asumido el compromiso de dar esta respuesta.
 


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